Cáritas Cataluña ha presentado este miércoles día 3 de julio, en rueda de prensa, el Informe sobre exclusión y desarrollo social. El informe, elaborado a mediados de 2018 por la Fundación FOESSA, se ha realizado a partir de 13.000 visitas presenciales a domicilio de toda Cataluña. Por medio de 35 indicadores, el informe radiografía las situaciones de exclusión social que hoy sufren muchas personas y familias que viven en Cataluña.

El cardenal arzobispo de Barcelona, ​​Joan Josep Omella, obispo delegado de la Conferencia Episcopal Tarraconense a Cáritas Cataluña, ha iniciado su intervención indicando que, a pesar de la supuesta recuperación económica, se siguen produciendo desigualdades. «La desigualdad es contraria a la justicia social, la equidad y la paz social», advirtió Omella, y ha pedido a la sociedad que trabaje en favor de los más pobres».

Por su parte, el presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, ha hecho valer que es la segunda vez que FOESSA se refiere a la situación catalana, y que el informe servirá para que todos asumamos la cuota de responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones y oportunidades.

Seguidamente, Raúl Flores, Jefe del Equipo de Estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación FOESSA, incidió en los datos del conjunto de España. Flores ha destacado que la exclusión social en España es de 8,5 millones (18,4% de la población total), 1,2 millones más que el año 2007. Finalmente, Flores ha introducido algunos datos de la situación social de Cataluña, advirtiendo que la exclusión social ya afecta casi 1,5 millones de personas (casi un 20% de la población).

La precarización del trabajo o la exclusión residencial, algunos de los factores agravantes

Miriam Haga, representante de la Comisión de Acción Social de Cáritas Cataluña, ha desgranado los datos del Informe sobre Exclusión y desarrollo social en Cataluña. Haga ha indicado que la precarización del trabajo, la exclusión residencial, la salud y el aislamiento social son algunos de los factores que agravan la situación de exclusión social que sufren las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Sobre la precarización del trabajo ha indicado que, a pesar de tener trabajo, un 15,8% de los hogares catalanes se encuentran en situación de exclusión social, y que, a pesar de la disminución del paro, aunque estamos por encima de los niveles de ‘antes de la crisis (11,5% vs. 6,7%).

En relación a la vivienda, la representante de la Comisión de Acción Social afirmó que la exclusión residencial afecta a 3 de cada 10 personas, y que los gastos de vivienda y suministros condenan a 944.000 personas a vivir en pobreza severa. Además ha resaltado que un 4% de la población (alrededor de 300.000 personas) vive con la inseguridad de no saber si la harán fuera de casa (viven de realquiler, en proceso de desahucio, en situación de violencia familiar …)

Haga también ha incidido en las consecuencias que provoca la exclusión social en la salud de las personas, afirmando que la pobreza aumenta las dificultades para acceder a medicamentos, a servicios sociosanitarios o a un régimen adecuado de alimentación.

Finalmente ha querido poner rostro a las situaciones de exclusión social, apuntando que los colectivos que más la sufren la pobreza son las mujeres (la exclusión social de los hogares sustentadas por mujeres se sitúa en el 20,7%, cuando la de los hombres es del 16,7%), las personas migrantes (un hogar sustentada por una persona migrante extracomunitaria tiene tres veces más posibilidades de caer en riesgo de exclusión), las personas en paro (el 84,1% de los hogares sustentadas por personas que buscan trabajo se encuentran en exclusión social), las familias numerosas y las familias monoparentales (son las más expuestas al riesgo de exclusión, situándose en 38,4% y 25,7% respectivamente vs. a la media del 17,5%) y los niños (el 22% de los menores se encuentra en situación de exclusión social en Cataluña).

Ante esta situación, los representantes de Cáritas han pedido garantizar el derecho a una vivienda digna, definir planes de empleo específicos para los colectivos más vulnerables, revisar la implementación de la renta garantizada de ciudadanía y una mejor redistribución del gasto social.

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