Mn. Pere Fibla Palazón, Mn. Xabier Segura Echezárraga y Mn. Miquel Barcos Ripollès, clérigos de la clausurada asociación Seminario del Pueblo de Dios que ejercen diversas tareas pastorales en la archidiócesis de Tarragona, han sido acusados ​​de algunos delitos canónicos.

El Tribunal eclesiástico nombrado directamente por la Santa Sede para juzgar las acusaciones que se han hecho a los miembros de la extinta asociación Seminario del Pueblo de Dios ha decretado para todos ellos la medida cautelar de «prohibición del ejercicio público del ministerio sagrado», hasta que no se llegue a la sentencia canónica.

A pesar de que se pidió a la Santa Sede que se suspendiera la medida cautelar, pocos días antes de hacer el relevo episcopal se recibió la respuesta negativa a esta petición, y el arzobispo Jaume Pujol, ya como administrador apostólico, el día 7 de junio les comunicó que debían finalizar su servicio en las parroquias el día 25 de junio.

Por este motivo, por el bien del pueblo santo de Dios y en comunión eclesial con la sede de Pedro, el arzobispo Joan, en aplicación de esta medida canónica, ha relevado de sus cargos los clérigos mencionados y ha nombrado a Mn. Simó Gras Solé administrador parroquial de las parroquias de Santa María Magdalena de Blancafort, de Santa María de Solivella y de la Transfiguración del Señor de Pira (y Ollers); y a Mn. Víctor Mosquera Ramos administrador parroquial de las parroquias de la Asunción de Alcover, de San Pedro ad Vincula de Mont-ral, de San Andrés de Farena, de Santa Úrsula del Milá, de Santa María Magdalena de la Masó, de San Nicolás de la Riba, de San Salvador de Picamoixons y de San Simón de Fontscaldes, y a Mn. Marcus Vinicius Teixeira Araújo administrador parroquial de las parroquias de la Transfiguración del Señor de Vimbodí, de Santa María Asunta de Tarrés y de San Juan Bautista de Vallclara.

Si en algún momento del proceso canónico aparecieran indicios de delito del ámbito penal civil, se comunicaría a la autoridad judicial del Estado. Por otra parte, la acusación no implica condena y hay que respetar la presunción de inocencia de los acusados, y, si al final del proceso fueran declarados inocentes, se les reintegraría a otras tareas pastorales.

Tanto las medidas cautelares como los nombramientos entrarán en vigor el próximo martes día 25 de junio de 2019.

El arzobispo Joan encomienda a Dios tanto los sacerdotes como las parroquias afectadas, al mismo tiempo que agradece los servicios, la colaboración y la comprensión de todos.

Tarragona, 21 de junio de 2019

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