(Reflexiones a partir de un texto de Josetxo Ordóñez)
Se ha convertido en un tema político, jurídico y ético del que el revuelo se centra más en los dos primeros por intereses partidistas y electoralistas llenos de ideas y frases populistas.
Se argumenta que el estado del bienestar de una sociedad se sostiene por el esfuerzo contributivo de los trabajadores, es decir, por las familias, y cuando existen situaciones de colapso de los servicios públicos corresponde a la Administración escoger a los nacionales que tendrán la prioridad asistencial como beneficiarios preferentes.
De ahí deducen que las personas que carecen del DNI español acaparan las ayudas y los servicios públicos. Es inútil poner sobre la mesa las cifras que desmienten estas afirmaciones, ya que no se trata de números ni de porcentajes, sino de derechos.
La prioridad nacional sustituye al criterio de la necesidad y vulnerabilidad por el criterio de pertenencia identitaria y de nacionalidad. Los derechos constitucionales están indisolublemente vinculados a la dignidad humana y la universalidad de los derechos humanos están por encima del origen nacional de cada persona.
Nuestro arzobispo Joan Planellas en diversas situaciones ha sostenido que la dignidad humana es intocable y que la Iglesia no puede participar de la exclusión del “otro”, y ha afirmado la radical e igual dignidad de todo ser humano. «Ningún poder humano puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente», escribe el papa León XIV en la encíclica Magnifica humanitas al referirse a los derechos de todas las personas.
La doctrina social de la Iglesia defiende el principio del bien común desde la dignidad reconocida a todas las personas, principio que en Cáritas se plasma acogiendo a personas y familias vulnerables. El estado también lo defiende, pero la realidad es que muchas personas y familias quedan desamparadas y en exclusión social.
La prioridad nacional impone una fantasía social fundamentada en la desigualdad y preeminencia de unos sobre otros, cuando tenemos entre nosotros experiencias de solidaridad en acogida, hospitalidad, soporte material y espiritual en los barrios y pueblos de nuestro país.
La justicia se refiere al comportamiento de los individuos y también cómo organizamos las estructuras de nuestra convivencia, por eso hablamos de justicia social que debe permitir a todo el mundo vivir con dignidad y que nadie se quede atrás.
Las personas migrantes, extranjeras, excluidas, abandonadas, enfermas, sin hogar…, no son “los demás”, sino que deben formar parte del “nosotros” con todos los derechos y deberes de participación en los beneficios y cargas de nuestra sociedad. Debemos tomar conciencia de que la fraternidad es la prioridad evangélica.
Comprometerse personalmente o en compañía por la defensa de los derechos humanos, sobre todo de las personas más excluidas de nuestra sociedad, no puede ser ni un pasatiempo, ni tranquilizar nuestra conciencia. Es un deber que cada uno de nosotros desde nuestra situación personal, desde nuestras creencias y según nuestras posibilidades debemos plantearnos si queremos una sociedad solidaria, justa y fraternal.
Joan-Andreu Torres Sabaté, director de Càritas Diocesana de Tarragona
Artículo publicado en el Full dominical del 18 de octubre de 2026 (n. 3997)
