El martes día 9 de julio, Cáritas Catalunya presentó la Memoria 2023 de las Cáritas diocesanas con sede en Catalunya, un documento que recoge los datos de la labor que Cáritas, en nombre de la Iglesia, desarrolla a favor de los más necesitados. En total, durante el pasado 2023 se atendieron a 245.665 personas de casi 100.000 hogares, una cifra que viene marcada por «una desigualdad persistente, graves problemas de acceso a la vivienda, una elevada precariedad laboral y la transmisión intergeneracional de la pobreza», tal y como explicó, durante la presentación de la Memoria, Marta Fortuny, coordinadora del ámbito social de Cáritas Catalunya.
La realidad muestra que de este centenar de millar de hogares atendidos por Cáritas, el 79% se encuentran en situación de pobreza grave, y más de la mitad cuentan con niños y adolescentes. Por otro lado, un 17% del total no tiene ningún ingreso y la mitad no viven en viviendas dignas. En este sentido, Fortuny remarcó que «tenemos un escudo social que no protege, tal y como lo demuestra el hecho de que de las personas atendidas por Cáritas en Catalunya sólo el 9,8% son perceptoras o bien del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Garantizada de Ciudadanía».
Para afrontar esta realidad, el vicepresidente de Cáritas Catalunya, Josep Casanova, expuso que «en este último año 2023 hemos hecho mucho énfasis en la inserción sociolaboral, haciendo una apuesta clara por la economía social». Así, a través del Programa de Inserción Sociolaboral se realizaron 187 proyectos que contaron con más de 12.740 participantes y una inversión de 6,7 millones de euros.
El presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, puso de manifiesto todo un conjunto de derechos conculcados que preocupan a Cáritas: el derecho a la buena administración y la protección social, el acceso y el mantenimiento de la vivienda digna, la dignificación de las personas sin hogar y en situación de exclusión residencial, la actualización de la Cartera de Servicios de la Generalitat de Catalunya, la modificación de la Ley de la renta garantizada de ciudadanía y el traspaso del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central a la Generalitat, la disposición de planes de empleo flexibles y que permitan la regularización, la agilización de la emisión de los informes de extranjería y la mejora de los trámites, la protección efectiva de la infancia en situación de exclusión social o la garantía derecho a la alimentación.
