Un año más, la Iglesia impulsa la campaña del Xtantos para invitar al conjunto de la sociedad a marcar la casilla 105 en la declaración de la renta, que se corresponde a la de la asignación tributaria para sostener todas las actuaciones que la Iglesia católica lleva a cabo en ámbitos muy diversos: educativo, sanitario, asistencial, social, cultural, pastoral… Para saber más sobre la importancia de marcar la ‘X’ de la Iglesia, hoy conversamos con el ecónomo diocesano, Jordi Sardà.

—¿Qué implica marcar la ‘X’ de la Iglesia en la declaración de la renta?

Es un ejercicio de democracia fiscal porque permite al contribuyente decidir el destino de una parte de sus impuestos: en concreto, el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF se puede asignar al sostenimiento de la Iglesia católica marcando la casilla 105. Si no se marca ninguna casilla, este dinero queda integrado en los presupuestos generales del Estado para finalidades generales. Además, marcar la casilla 105 no supone nada para el contribuyente, ya que no paga más ni le devuelven menos. La Agencia Tributaria indica que marcar la casilla sólo hace que ese 0,7% de la cuota íntegra se destine a este fin; no altera el resultado de la declaración. Además, la casilla de la Iglesia es compatible con la de fines sociales (casilla 106).

—¿Qué proyectos de la Iglesia se pueden hacer posibles gracias a la aportación que viene de la asignación por la declaración de la renta?

Estos recursos ayudan a sostener la actividad de las diócesis y parroquias, la pastoral, la atención a los enfermos, la pastoral penitenciaria, la formación, proyectos de acción social, la conservación del patrimonio y otras iniciativas de servicio. Según la Memoria de la Conferencia Episcopal Española correspondiente a 2024, destaca, entre otros datos, la atención a casi 4 millones de personas en centros sanitarios y asistenciales, el trabajo en 22.922 parroquias, y 842 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación del patrimonio.

—¿Qué pasaría si los contribuyentes no marcaran esa crucecita?

Tendría un gran impacto: la asignación tributaria es una parte relevante de la financiación diocesana y la CEE señala que representa casi el 25% de los ingresos de la economía diocesana, aunque en nuestro caso el porcentaje es sensiblemente superior. Sin esa vía, habría menos recursos para sostener parroquias, actividad pastoral, atención social, formación y otros servicios que hoy dependen en parte de estos fondos.

—El servicio que ofrece la Iglesia es del bien común. ¿Qué razones daría a una persona que no es creyente para que marque la crucecita?

Le daría tres, sobre todo: Primero, que no le cuesta más dinero ni cambia la declaración. Segundo, que sostiene una red real de presencia social, asistencial, educativa y cultural que beneficia también a personas no creyentes. Y tercero, que es una forma de decidir directamente el destino de una parte de los impuestos en lugar de dejarlo del todo en manos del Estado. Ahora bien, esto es una razón de conveniencia cívica o social, no una obligación moral: una persona no creyente puede valorarlo positivamente o no, en su opinión sobre el papel público de la Iglesia.

—¿Cómo se reparte el dinero que llega a la Iglesia?

Se canalizan mediante el Fondo Común Interdiocesano. Según la CEE, el 84% de lo que llega por la asignación tributaria se dirige directamente a las diócesis, y el resto a acciones de la Iglesia a nivel estatal. El reparto en las diócesis se realiza con criterios de solidaridad y necesidad, incluyendo una cantidad lineal para cubrir mínimos, módulos según el número de sacerdotes y módulos de atención pastoral que tienen en cuenta templos, extensión, habitantes y dimensión media de las parroquias.

​​​Entrevista publicada en el Full dominical del 10 de mayo de 2026 (n. 3974)